Los graves niveles de pobreza y desigualdad existentes en el país obligan a la ejecución de políticas sociales que promuevan el bienestar de las personas y la creación de oportunidades para todos. Se propone ejecutar una política social articulada con las políticas económicas. Esa articulación se realizará a través de las políticas de generación de empleo, de fortalecimiento productivo, de educación y de formación y capacitación laboral.
Para desarrollar una política social de impacto en la reducción de la pobreza y en la generación de oportunidades, el gasto público será reestructurado con una clara orientación hacia el gasto social, realizando para ello los cambios que permitan hacerlo más eficaz.
La educación constituirá el eje fundamental en la articulación de la política social con la política económica. En ese sentido se imprimirá al sistema educativo un nuevo sentido de propósitos que orienten las políticas públicas en esta materia.
Las políticas públicas que se apliquen en el orden educativo estarán centradas en la expansión del servicio, la optimización del trabajo docente, la calidad de los contenidos de la enseñanza y la instauración de un nuevo estilo de gestión que posibilite el establecimiento de alianzas estratégicas con las comunidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el sector productivo y con los demás sectores del entorno nacional e internacional.
La reforma del sistema educativo estará dirigida al logro de una formación integral de excelencia, ante el convencimiento de que sólo las personas con una sólida educación en valores, conocimientos científicos y tecnológicos y con una base cultural amplia tendrán la posibilidad de llevar una vida sana, plena y productiva en la sociedad cambiante, global y exigente del presente.
La política sanitaria y de seguridad social será una parte fundamental de lucha contra la pobreza y la desigualdad social, elementos que dificultan alcanzar una tasa de crecimiento económico mayor y que en el mediano plazo pueden llegar a convertirse en una amenaza contra la gobernabilidad y la estabilidad política y social del Estado Dominicano.
Bajo esta perspectiva, la política social, en sus componentes de salud y de seguridad social, deberá constituirse en pilar de una política de Estado seria, coherente y consistente, con una visión de largo plazo que supere los gobiernos de turno y le permita alejarse paulatinamente del clientelismo político y del populismo electoral.
Las tareas que tenemos por delante sólo se pueden afrontar con un gobierno que se preocupe por lo que es el interés general del país, que no ponga la política al servicio de los intereses personales, partidarios o grupales, que respete el valor de lo público, que respete a los ciudadanos, en fin un gobierno que genere confianza en todos los dominicanos.
Los dominicanos aspiramos a un gobierno transparente en todos sus actos, especialmente en el manejo del gasto público, en función del carácter central del presupuesto en la política gubernamental. En ese sentido, es necesario un uso mesurado de los recursos públicos, a reducir las márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la ley y a actuar con honestidad y responsabilidad en el ejercicio de la autoridad pública. Para los dominicanos, la democracia debe representar algo más que derechos políticos y civiles clásicos. Los derechos ciudadanos deben abarcar la protección ante las necesidades sociales básicas, la garantía de los servicios sanitarios y de educación, el acceso a los servicios de atención a la familia y la protección social, el derecho a unas infraestructuras adecuadas y a la vivienda digna.
Se ha de encaminar al país por los caminos del desarrollo y la justicia social.
Para recuperar el optimismo y la esperanza en el futuro del país, el Gobierno presenta un conjunto de propuestas que permitirán enderezar el rumbo de la economía y recuperar su crecimiento, poner en marcha políticas sociales que restablezcan el nivel de vida perdido y lo mejoren, reiniciar el camino para una mejor distribución de la riqueza que ayude a reducir la pobreza y las desigualdades sociales, mediante el acceso a una educación de calidad y la generación de empleos.
Ante los graves problemas del presente, el Gobierno Dominicano inicia la construcción de una sociedad fundada en el principio de la justicia social, la vida democrática, pluralista y participativa, donde haya espacio para el desarrollo de las capacidades de los dominicanos y se abran nuevas oportunidades para todos, que afiance la institucionalidad y los valores democráticos, que produzca una verdadera transformación productiva como base para lograr una mayor competitividad económica, en el contexto de un modelo de sociedad más equitativa, justa e inclusiva para todos los dominicanos. Una sociedad donde primen los valores de la ética individual y social, la solidaridad con los más pobres, el respeto a la ley y las instituciones, la decencia, los valores de convivencia y el permanente diálogo democrático.
