La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública establece las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado, basados en los llamados intereses públicos preponderantes. Por ejemplo tenemos las informaciones vinculadas con la defensa de la seguridad del Estado, que hubiera sido calificada como “reserva” cuando la información pueda afectar el éxito de una medida de carácter público, cuando pudiere afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero.

Es información calificada “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos tecnológicos de comunicación, industriales, comerciales o financieros y cuya revelación pueda perjudicar el interés nacional. Del mismo modo lo es, cuando al facilitarla pudiera perjudicar la estrategia del Estado en procedimiento de investigación administrativa. También cuando se trate de informaciones requeridas a consejos directivos, sobre recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo, previo a la toma de una decisión de gobierno.

Igualmente cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos, propiedad de particulares o del Estado, o información industrial, comercial, reservada o  confidencial.

Finalmente cuando se refiere a Informaciones cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad, ya sea a nivel particular, institucional o de la población en general.