Las reformas a la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo transformarán un sistema centrado en respuesta a los desastres hacia un enfoque prospectivo

Con el anteproyecto de ley, la sociedad civil junto los especialistas del viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, buscan ajustar el Sistema de Planificación de la Gestión de Riesgos de Desastres y el Sistema de Respuesta, ante los efectos del cambio climático y desastres de origen biológico, como la COVID-19 

Santo Domingo, República Dominicana (Mayo 2022). La República Dominicana, cuya condición de pequeño estado insular en desarrollo (PEID), la convierte en una nación  altamente vulnerable ante los fenómenos extremos del cambio climático, enfrenta en los años por venir elevados niveles de riesgo de desastres.  

Los estragos de fenómenos hidrometeorológicos , cada vez más violentos, retan al país a actualizar las normativas legales y los reglamentos destinados a preservar vidas, propiedades y a prevenir, reducir a futuro, las consecuencias de fenómenos tan dolorosos y devastadores como el paso por la costa sur del último de los meteoros de gran calado: el  huracán Georges (1998),  cuya estela de destrucción causó la muerte de más de mil personas y daños a infraestructuras (escuelas, carreteras, hospitales y viviendas) valorados  en más de 240 millones de pesos. 

Se suman a este escenario, las pérdidas económicas y sociales causadas por la pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020, que de acuerdo a Naciones Unidas a la República Dominicana costó US$18,460 millones.  

Ante los desafíos del cambio climático y de la pandemia de COVID-19,  le corresponde al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,  como órgano rector de la planificación, velar por la implementación de una  política transversal de gestión del riesgo de desastres, de acuerdo a los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que garantice el carácter sistémico e integre aspectos de relevancia como el ordenamiento territorial, la protección social, el cambio climático y las amenazas biológicas, entre otros aspectos. 

Desde diciembre del año 2021, el Ministerio de Economía, a través de viceministerio de Ordenamiento Territorial, junto a la Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, impulsa el proceso de reforma del marco legal de la Ley 147-02 sobre gestión del riesgo de desastres, tal y como lo establece la END, en su artículo 32.   

Los análisis de los consultores internacionales y los equipos técnicos del Ministerio de Economía registran una serie de rezagos y necesidades de actualización del marco legal que sustenta la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo.

Más de veinte sesiones de trabajo con actores sociales clave, sectoriales, de protección civil, municipalistas, Federación Dominicana de Municipios y la Asociación Dominicana de Regidores han socializado la reforma a la Ley 147-02 y los nuevos planteamientos puestos sobre la mesa a debatir y consensuar de cara a su aprobación en el Congreso Nacional. 

En este mes de mayo de 2022 se celebraron ocho asambleas de consenso con el interés de identificar socios en el proceso de negociación para la aprobación de la nueva propuesta jurídica.  Participaron dirigentes comunitarios, organizaciones municipalistas, Defensa Civil, Ministerio de Defensa, CONAPE, Medio Ambiente y Agricultura, entre otras sectoriales y agencias del Estado.  

Hay muchos rezagos 

Los análisis de los consultores internacionales y los equipos técnicos del Ministerio de Economía registran una serie de rezagos y necesidades de actualización del marco legal que sustenta la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo. 

Estos diagnósticos revelan un enfoque centrado en la respuesta, la inoperancia de un marco legal disperso que produce  una dualidad en el liderazgo del proceso de conducción del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) y las impotencias de la gobernanza del riesgo de desastre. 

En los encuentros regionales, encabezados por el viceministro Domingo Matías, la Defensa Civil y otras entidades de protección social aportaron y enriquecieron las nuevas demandas que debe contener el nuevo marco legal de gestión de riesgo.  

Los especialistas y equipos técnicos del Ministerio de Economía  son conscientes de que la reforma siempre debe implicar a la sociedad y sus instituciones, lo cual es garantía de amplia legitimidad.  

El reto principal es la asignación de funciones o actividades de tipo prospectivo, correctivo y compensatorio (rehabilitación, recuperación y reconstrucción de mejor manera) a las instituciones y actores relacionados con la planificación del desarrollo y las actividades de carácter compensatorio (preparación y respuesta) a las instituciones y actores relacionados con el manejo de las emergencias y desastres.  

Mayor acceso a la cooperación  

La agencias de cooperación internacional aportan recursos técnicos  a nivel global con el objetivo de contrarrestar el impacto de cambio climático, especialmente en países vulnerables como la República Dominicana.  

El país, al ser signatario de acuerdos internacionales como el Marco Sendai y el Acuerdo de Paris, accede a capacitaciones y montos no reembolsables.  

“Una renovada Ley de Gestión de Riesgo permite acceso a fondos internacionales destinados a casos de emergencia por fenómenos naturales. Con una ley robusta y racional tendremos la oportunidad de acceder a más fondos internacionales”, indicó el viceministro Domingo Matías.  

Uno de los grandes capitales sociales en los territorios son los voluntarios y voluntarias de la Defensa Civil, la principal agencia de protección colectiva del Estado.  “Es necesario que los voluntarios trabajen bajo otras condiciones materiales y humanas que permitan valorar sus tareas bajo el cuidado y protección de la nueva ley”, apuntó Matías.  

La política transversal en el nuevo marco legal de la GDR es un elemento de alta prioridad para elevar la calidad de la vida de las personas en los territorios impactados por  fenómenos naturales y antrópicos  

Esa es la razón por la cual  la directora de Gestión del Riesgo  de Desastres y Cambio Climático, Mercedes Feliciano resalta esta condición como una de las premisas fundamentales de la nueva ley.   

“Todos los sectores de la consulta nacional acordaron la relevancia de la política transversal. Los actores sociales consideraron fundamental en el marco de las nuevas reformas, valorar la equidad de género, la inclusión y la participación democrática” precisó Feliciano.  

Novedades del Marco Legal 

El nuevo marco legal incluye un Sistema Integrado de Información, que facilite el análisis prospectivo, la recopilación y evaluación de los daños y pérdidas ocasionadas por los desastres, instrumentos financieros de protección social adaptativa que incluye bono de emergencias y bono de resiliencia a los desastres.  

Un plan de asistencia humanitaria que aborda la creación de centros colectivos y albergues y un Centro o Hub Humanitario Regional. 

También, da relevancia a la gestión del riesgo de desastres como un eje del desarrollo sostenible que debe ser incorporado en la planificación y la inversión pública, creando un Sistema de Planificación para la Reducción del Riesgo de Desastres que trabajara en estrecha coordinación con el Sistema de Gestión de las Emergencias y los Desastres.