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Director de Inversión Pública valora beneficios de incorporar precios sociales al análisis de proyectos en República Dominicana

Martin Francos

El titular de la DGIP del Ministerio de Economía sostiene que los proyectos de inversión pública que contemplen el precio social del carbono podrían ser priorizados y acceder a financiamientos más amigables, como el de tipo verde

Santo Domingo, República Dominicana. (febrero de 2024). El director general de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Martín Francos, resaltó los beneficios de que el país cuente con precios sociales definidos y los contemple en el análisis de proyectos, en particular, el precio social del carbono (PSC), cuya consideración se espera que favorecerá el acceso al financiamiento verde.

El economista explicó que luego de asumir la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), se propuso, con el apoyo de organismos multilaterales, estimar los precios sociales de los factores básicos (tasa social de descuento, precio social de la mano de obra y precio social de la divisa), así como del valor social del tiempo de viaje, precio social del combustible y el precio social del carbono.

Los resultados de esta labor están contenidos en los informes “Precios sociales en República Dominicana al 2022” y “Estimación del precio social del carbono para la evaluación de la inversión pública en República Dominicana”, que el Ministerio de Economía presentó en septiembre de 2023, a raíz de lo cual, expresó Francos, República Dominicana se posiciona a la vanguardia de la utilización de los precios sociales, específicamente con la incorporación del precio social del carbono en las metodologías de evaluación de los proyectos de inversión pública.

Este documento recomienda para República Dominicana utilizar un PSC de 26 dólares de 2021 por tonelada de dióxido de carbón emitida, aunque se pueden realizar sensibilidades en el análisis con los valores de 24 y 28 dólares.

“Esperamos que los proyectos evaluados con estas metodologías puedan ser priorizados y que puedan acceder a financiamientos más amigables, como el financiamiento verde, que tiene unas mejores condiciones para las finanzas públicas”, ponderó el director.

Con estas novedades metodológicas, añadió Francos, el país podrá implementar mecanismos de pago por servicios ambientales en los que podrán participar tanto a proyectos públicos como privados, lo que favorecerá la consecución de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

No obstante, el economista consideró necesario que estas novedades sean adoptadas en el marco legal del país y que las instituciones que formulan proyectos de inversión pública reciban capacitación acerca de estos nuevos criterios de evaluación.

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