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10 julio, 2018Santo Domingo, lunes 2 de julio. – El Consejo Nacional de Discapacitados (Conadis) da pasos para redactar un protocolo que garantice a los discapacitados un acceso mayor y más fácil a la administración de justicia con intérpretes de señas y rampas para el ingreso a las edificaciones en las que operan los tribunales, entre otros servicios.
Esta iniciativa tiene lugar en el marco del Programa de Cooperación Bilateral entre la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El proyecto está enmarcado en los objetivos de la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a igualdad de derechos y a oportunidades para todos.
Será ejecutado por el Conadis con asesoría técnica de la Secretaría Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Brasil, informó la Dirección de Comunicaciones del MEPyD.
Un encuentro con esos fines sostuvieron la coordinadora general de acompañamientos de programas del ministerio brasileño, Ana Graziela Torres de Mendoza y la consultora jurídica del CONADIS, Isabel Alba, acompañadas de la encargada de cooperación bilateral del MEPyD, Rosanna Arias.
Torres de Mendoza recordó que el mandato del artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según el cual todos los estados signatarios deben garantizar el acceso de los discapacitados a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia.
“Conocemos el esfuerzo que se necesita para garantizar efectivamente ese derecho. No es fácil cambiar las actitudes, los espacios físicos y tampoco las leyes”, subrayó, y anunció que en ese sentido Brasil y República Dominicana intercambiarán informaciones, metodologías y ejemplos de mejores prácticas.
Mientras que la consultora del Conadis subrayó el compromiso de Brasil y República Dominicana de incluir a los discapacitados en la creación de sinergias que agilicen la toma de decisiones dentro de los países que favorecen las políticas inclusivas.