El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, anunció este lunes en el Palacio Nacional que en los próximos tres años la cooperación española al país permanecerá enfocada hacia la gobernabilidad democrática, la educación, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional y desarrollo rural.

También dijo que la República Dominicana y su Cancillería elaboran su política sobre cooperación internacional y que la ayuda española también apoya ese proceso dirigido a fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID).

El funcionario habló sobre estos temas en el Salón Verde, durante la reunión de la VIII Comisión Hispano-Dominicana 2014-2016, al final de la cual firmó un acuerdo con el director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Rafael Garranzo García, en presencia del embajador de esa nación europea, Jaime Lacadena Higuera.

En el acto estuvieron además por el país el viceministro de Cooperación Internacional, Inocencio García; Nelson Felipe Valdez, director general de Cooperación Bilateral y Robert Tanaka, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a Carlos Cano Corcuera, Coordinador General de AECID aquí, informó la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.

Montás dijo que la República Dominicana consolida una nueva institucionalidad del Estado en la última década, al reformar catorce leyes administrativas, financieras y de planificación e inversión pública con mejora en la calidad del gasto y la inversión.

Se refirió así al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en el Ministerio de Hacienda, además a la ley de servicio civil.

Indicó que esas reformas ponen al país en mejores condiciones para recibir la ayuda oficial y la cooperación, pues permiten calibrar mejor sus resultados y al gobierno medir esos aportes a través de indicadores de resultados.

Montás citó que para ello el país cuenta con instrumentos nacionales como la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) al 2030 y su instrumento de ejecución, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Más adelante reconoció que con sus diferentes modalidades de cooperación, España se ha convertido en un importante aliado del país en sus esfuerzos por la consecución de su desarrollo económico, político, social y medioambiental.

Entre otros ejemplos de esa cooperación citó los proyectos ejecutados o en ejecución en el sector agua y saneamiento en San Juan de la Maguana, Monte Planta y Santo Domingo Este.

En San Juan la cooperación española aporta RD$379.2 millones con los que se construyó un acueducto que agrupa cuatro sistemas de suministro que benefician a cien mil personas incluido Jimaní y Duvergé.

Esa construcción, vinculada a una campaña de concientización en escuelas para inculcar el valor y la cultura del agua, da como resultado una disminución en las pérdidas y un aumento del 30% en la recaudación por pago del servicio, dijo.

Agregó que en Monte Plata ha sido mejorada la calidad del servicio de agua potable en cuatro comunidades y el Proyecto de Ampliación del Acueducto Oriental en el Municipio Santo Domingo Este contempla desarrollar un modelo de solución completa en todo el municipio, mediante la previsión de una inversión de 8 millones de euros y una contraparte nacional.

Montás indicó que más de la mitad del total de los recursos de la contribución española al país en los programas, proyectos y acciones los ocho últimos años (2005-2012) están alineados con la END.

Enumeró entre otros los proyectos vinculados con educación y desarrollo rural (28,4 y 23,5% sobre el total respectivamente), seguido por sostenibilidad ambiental, crecimiento económico y gobernabilidad democrática.

Y de los nueve objetivos específicos del eje institucional citó que la cooperación española financió proyectos y programas asociados a 13 de ellos, entre otros la mejora del acceso a la justicia penal, el fortalecimiento de los operadores de seguridad del sistema penal y de la planificación institucional de la Procuraduría General.