Ministro Economía dice baja recaudación limita rol del Estado

Santo Domingo, República Dominicana. – El ministro de Economía, Isidoro Santana, instó este martes al país a reflexionar sobre el condicionamiento que la baja recaudación fiscal impone al Estado como protagonista del diseño y la aplicación de las políticas para erradicar la pobreza y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asumidos por la República. 

Con este discurso en el salón verde del Palacio Nacional el funcionario abrió las jornadas con que el ministerio evalúa los progresos y los retos del desarrollo nacional en el décimo segundo aniversario de la institución. 

En la actividad, el ex ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre, expuso las experiencias de los pactos fiscales en América Latina para el consenso, y el representante de la OCDE, Sebastián Nieto Parra, sobre el desarrollo sostenible latinoamericano. 

Mientras que la representante adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Luciana Mermet, dio a conocer el informe de aceleración de los ODS en la República Dominicana, informó la Dirección de Comunicaciones del ministerio. 

En cuanto a logros, el ministro Santana recordó el crecimiento promedio del país de 5.7% del PIB desde el 2000, excluyendo la crisis bancaria nacional de 2003-2004 y la internacional de 2009, además de la estabilidad macroeconómica, la cual calificó de envidiable. 

Santana instó a la población dominicana a imaginar el milagro que la República habría logrado si esos y otros logros se alcanzaron sin que estuvieran antecedidos de grandes esfuerzos por ejemplo en ahorro interno, en servicios públicos, investigación y desarrollo tecnológico que habrían potenciado toda la acción pública. 

“República Dominicana no ha logrado, a pesar de múltiples reformas tributarias, alcanzar un coeficiente de tributación que le permita llevar a cabo las importantes inversiones y reformas que requiere el impulso de un proceso de desarrollo capaz de viabilizar el logro de los ODS”, agregó. 

Puntualizó a seguidas que para sostener niveles de inversión pública muy moderados de 3.5% del PIB desde 2009, el gobierno se ha visto en la necesidad de acudir de manera sistemática al endeudamiento externo e interno.  

Observó que aun cuando el nivel de apalancamiento de la economía se considera todavía fuera de riesgo, hay que controlar su crecimiento, lo que implica fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. 

El ministro indicó que, para lograrlo, es necesario deshacer el nudo gordiano de una población no dispuesta a pagar más impuestos por creer que se malgastan, versus un Estado que plantea que no puede ofrecer más y mejores servicios por insuficiencia de recursos. 

En ese sentido recordó el proceso de consultas y concertación de tres años que condujo a la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo en 2012, que manda al país a la firma de tres pactos, uno de ellos el fiscal. 

Santana recordó que ese pacto fiscal financiaría el desarrollo sostenible y garantizaría la sostenibilidad fiscal a largo plazo, a través del apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades que aseguren su cumplimiento.  

“Es imperativo pues, para reencauzar el curso de nuestra sociedad, el abordaje de un pacto social nuevo, en el que la nación se comprometa a la construcción de un Estado fuerte, en el cual se pueda confiar plenamente, y que esté dispuesta a apoyarlo y a financiarlo”, comentó. 

Y que los dirigentes “asumamos” el compromiso de utilizar ese apoyo para abordar los grandes retos que implica un crecimiento económico no sólo rápido sino también sostenible y geográfica y socialmente equilibrado. 

Mientras que en su exposición el ex ministro de Hacienda chileno afirmó consideró que este es un buen momento para la República definir un pacto fiscal satisfactorio para todas las partes, ya que con una carga tributaria débil es difícil satisfacer la seguridad social integral y universal, acceso y calidad a los servicios públicos y erradicar la pobreza. 

Consideró que la seguridad social es una de las políticas públicas fundamentales para la construcción de ciudadanía y democracia. Entre tanto, el economista Nieto Parra de la OCDE recomendó marcos regulatorios en la construcción de políticas públicas que eviten costos fiscales adicionales.  

Señaló que, a pesar de una reducción importante de la pobreza, en América Latina y el Caribe existe una clase media vulnerable, que exige acceso a servicios públicos eficientes. Dijo que 75% de las clases medias latinoamericanas están insatisfechas con las políticas públicas. 

De su lado, Luciana Mermet expuso informó que pese al país confrontar  los efectos del cambio climático por su vulnerabilidad insular, el Gobierno ha reducido la pobreza e iniciado la construcción de resiliencias a fenómenos naturales.  

Dijo que hasta el 2016, el 70% de la Estrategia Nacional de Desarrollo está alienada a los esfuerzos, metas y retos de los ODS, por lo que saludó la Comisión Interinstitucional para hacerlos posibles.  

Al acto asistieron, entre otros funcionarios y empleados del MEPyD, los viceministros de cooperación internacional y planificación, Inocencio Garcia Javier e Yván Rodriguez; Celeste Silié, directora del Centro de Asocaciones Sin Fines de Lucro; Alexis Cruz, director de la UAAES; Caroline Ruiz, de Recursos Humanos; Leopoldo Artiles, analista sectorial; Alejandro Jiménez, director del Instituto Geográfico, y Antonio Vargas, director de cooperación multilateral. También los economistas Pável Isa Contreras, Ernesto Selman y Fabricio Gómez Mazara. 

Palabras jornadas de aniversario 2018 por el ministro Isidoro Santana

Señores  

Nicolás Eyzaguirre, ExMinistro de Hacienda de Chile 

Sebastián Nieto Parra. Jefe Adjunto de la Unidad ALyC de la OCDE 

Luciana Mermet, Representante residente adjunta del sistema de UN en la RD 

Distinguidos invitados :

Como ya es tradición desde hace 12 años, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo aprovecha la celebración de su semana aniversario para organizar un conjunto de actividades orientadas fundamentalmente a evaluar los progresos logrados y los retos que enfrenta el desarrollo nacional. 

Ciertamente, la República Dominicana presenta una economía con un enorme potencial de crecimiento. Salvo episodios críticos, como la crisis bancaria nacional o la financiera internacional, el dinamismo de la economía ha sido envidiable: si aislamos los años 2003-2004 y 2009, el crecimiento promedio resultante desde el año 2000 ha sido de 5.7%, comportamiento que pocos países del continente pueden exhibir. Todo ello acompañado de un ambiente de envidiable estabilidad macroeconómica, quebrantada también por episodios pasajeros. 

Si esos éxitos han sido logrados por el país sin haber hecho grandes esfuerzos en términos de ahorro interno, de educación de nuestra población, de desarrollo institucional, de infraestructura y provisión de servicios públicos, ni de investigación y desarrollo tecnológico, imaginemos qué milagros habríamos alcanzado de haber realizado las tareas que suelen anteceder o acompañar los procesos de desarrollo de los pueblos. Solo en años recientes se reconocen esfuerzos de consideración en algunos de estos aspectos, principalmente educación.   

Desde luego, la evolución de nuestra economía ha tenido algunas zonas grises, como el largo tiempo que tomó reducir las altas tasas de pobreza que generó la crisis bancaria. Pero, afortunadamente, parece que ya hemos entrado en la senda correcta, pues entre 2012 y 2017, la pobreza monetaria se redujo de 39.7% a 25.5% de la gente. De todas maneras, ahí tenemos uno de los grandes desafíos nacionales. Para lograr el primero de los Objetos de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, a cuyo logro se asocia el de muchos otros, el esfuerzo será ingente. 

El papel protagónico del Estado en el logro de los ODS es incuestionable. Si bien se requerirán cambios de actitudes y comportamientos en el conjunto de la sociedad, aun esos cambios tendrán que ser impulsados por la acción estatal. Y el protagonismo del Estado implica la necesidad de que este cuente con los recursos suficientes para adoptar las políticas y medidas encaminas al alcance de los ODS y que esos recursos sean eficientemente utilizados, para que se logre toda la potencialidad de la acción pública. 

Señalé la lentitud en la disminución de la incidencia de la pobreza como uno de los puntos débiles de nuestro notable desempeño económico. Pero hay otro que debe ser resaltado, dado que condiciona la capacidad de acción del Estado. República Dominicana no ha logrado, a pesar de múltiples reformas tributarias, alcanzar un coeficiente tributación que permita llevar a cabo las importantes inversiones y reformas que requiere el impulso de un proceso de desarrollo capaz de viabilizar el logro de los ODS. En los hechos, para sostener niveles de inversión pública muy moderados, 3.5% del PIB desde 2009, el gobierno se ha visto en la necesidad de acudir sistemáticamente al endeudamiento, tanto externo como interno. 

Si bien el nivel de apalancamiento de la economía dominicana todavía se considera fuera de riesgo, definitivamente hay que controlar su crecimiento, lo que implica fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Y para lograr ese requerimiento, es necesario resolver un problema subyacente en la baja presión tributaria: el círculo vicioso de una población que no está dispuesta a pagar más impuestos porque considera que se gastan mal y no se plasman en servicios públicos adecuados, versus un Estado que plantea que no puede ofrecer más y mejores servicios porque no tiene recursos suficientes. 

Es necesario, pues, deshacer ese nudo gordiano, y la sociedad dominicana tiene conciencia de esa necesidad desde hace años. En enero de 2012 se aprobó la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual fue resultado de un proceso de consultas y concertación que tomó tres años. Y ya en la END 2030 se formuló la necesidad de un conjunto de pactos nacionales, específicamente tres, en apoyo a la implementación de la misma: un pacto por la reforma educativa, exitosamente logrado en 2014; un pacto por la reforma eléctrica, fundamentalmente acordado ya. Solo resta, en consecuencia, la negociación del pacto fiscal orientado, en palabras de la END 2030, “a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.” 

Es imperativo pues, para reencauzar el curso de nuestra sociedad, el abordaje de un pacto social nuevo, en que la nación se comprometa a la construcción de un Estado fuerte, en el cual pueda confiar plenamente, y que esté dispuesta a apoyarlo y financiarlo, al tiempo que sus dirigentes asumamos el compromiso de utilizar ese apoyo para abordar los grandes retos que implica un crecimiento económico no solo rápido, sino también sostenible y geográfica y socialmente equilibrado. 

Muchas gracias.