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26 octubre, 2016El ministro de Economía, Isidoro Santana, manifestó este martes ante representantes de organizaciones no gubernamentales reunidos en esta capital que la participación social de las ONG en el desarrollo es clave, por lo mucho que ellas pueden aportar a hacer más justo el funcionamiento de la sociedad y de la economía, informó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Santana habló en el “Encuentro sobre la Ley 122-05 de las Asociaciones sin Fines de Lucro: logros y desafíos”, auspiciado por Alianza ONG y la Unión Europea, ante un auditorio conformado por decenas de representantes de esas entidades, en el hotel Crowne Plaza.
Consideró oportuno que en la apertura del acto, cuyo discurso fue antecedido por el de la presidente de Alianza ONG, Regla Brito, le fuera permitido compartir con los presentes algunas ideas sobre cómo él concibe durante este periodo en el Ministerio, la relación entre el Estado y las entidades sin fines de lucro.
Recordó que la ley que las regula (122-05) fue promulgada en abril de 2005, casi un siglo después de la puesta en vigor la Orden Ejecutiva 520, del 26 de julio de 1920, dictada por la primera intervención militar estadounidense al país, que de alguna manera llenó la falta de un marco legal.
“Pero la actual representa un avance para lograr una sociedad más participativa y más democrática, por cuanto llena un espacio para los ciudadanos organizarse y expresarse sin cortapisas, además de que permite que cada organización defina su propio carisma”, comentó.
El funcionario subrayó a seguidas que es ahí cuando la vigencia de las organizaciones de la sociedad civil debe resultar clave para mejorar la provisión de algunos servicios y para canalizar las expectativas e insatisfacciones de la sociedad frente al Estado.
Dirigiéndose a los representes de las ONG en el auditorio apeló a que “su ojo vigilante nos ayudará a hacer un mejor gobierno y, a la larga, a tener un país mejor”.
En la consecución de tales objetivos, subrayó que la sociedad civil juega un papel importante, y al Estado corresponde entonces facilitar que ella participe en los asuntos públicos conforme a sus propios criterios, disfrutando de autonomía y sin presiones políticas e ideológicas de ningún tipo.
“Ahora bien, de ninguna manera deberá propiciarse que sean creadas, que surjan o que funcionen ONG con el único propósito de que algunos grupos sean inscritos en el presupuesto público. Esta es una práctica que en modo alguno debemos habilitar, sino al contrario, debemos regular, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que algunas instituciones privadas sin fines de lucro pasen a engrosar y a formar parte de la misma maquinaria de despilfarro y de corrupción que queremos erradicar”, previno.
Anunció que desde ese punto de vista el Ministerio de Economía estará atento al monitoreo de las ONG que reciban recursos públicos, a fin de concentrar el esfuerzo en aquellas que demuestran tener vida propia y sostenibilidad sin el presupuesto público, y que manifiestan también tener alguna experiencia propia en la solución de problemas públicos.
“Creemos, y así lo hemos manifestado a lo largo de nuestra vida como ciudadano (y la mayoría de ustedes supondrá que yo vengo de ese mundo) que, con ello, podemos avanzar hacia tener una sociedad más justa, más democrática, y más representativa”, concluyó.
En el encuentro también habló a los presentes el Oficial de la Unión Europea, Luca Lo Conte, luego de lo cual se pasó a la presentación del estudio “A 10 años de la Ley 122-05: evolución y desafíos”, por parte del investigador Milton Tejada, seguido de la “Evolución del proceso de habilitación de las asociaciones sin fines de lucro, por Luisa Mateo del Ministerio de Educación; David Arias, de Medio Ambiente, y Francia Matos, de Salud Pública.
Conforme al programa de la actividad se pasó luego a la rendición de cuentas de los representantes de la sociedad civil ante el Centro Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro, órgano del Ministerio de Economía.
Esta parte estuvo a cargo de Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG; Giselle Scanlon, directora ejecutiva de Insalud; José Iván Encarnación, director ejecutivo de Fundesi; Graciela Cruz, de CE-Mujer, y Kathia Mejía, de Sur Futuro
La última actividad en la agenda “Oportunidades para las asociaciones sin fines de lucro como proveedoras del Estado” estuvo a cargo de una representación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.