Ministerio de Economía enumera consecuencias de la falta de aprobación de límites urbanos en los municipios

Entre los puntos citados se identifican la creación de nuevos residenciales desvinculados de los servicios públicos, equipamiento y oportunidades de trabajo. También, la ausencia de regulación diferenciada entre el suelo de vocación urbana y rural.

Santo Domingo, República Dominicana (Agosto de 2020). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo enumeró las consecuencias de que en la actualidad ninguno de los ayuntamientos del país establezca mediante ordenanza el límite urbano de su municipio.

La ausencia en el control del suelo a nivel municipal incide en los daños que ocurren cada vez que un fenómeno hidrometeorológico afecta la República Dominicana; además, evidencian que el país tiene como tarea pendiente la aprobación definitiva en el Congreso Nacional de la ley de orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano.

La iniciativa tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y el uso del suelo en los distintos niveles político-administrativos, atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico y social.

“En la actualidad ninguno de los ayuntamientos del país tiene aprobado por ordenanza municipal su límite urbano, lo cual ha instaurado la práctica de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) realice este proceso de delimitación para fines censales sustentado en una serie de criterios que no incluye la mejora de la ocupación del territorio”, indica el Ministerio de Economía.

La entidad cita que entre las principales consecuencias de no tener el límite de suelo urbano aprobado a nivel municipal está el crecimiento desordenado de la superficie construida no permeable y la ocupación de suelos de vocación agrícola y/o forestal en detrimento de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Otras de las consecuencias son un aumento de las distancias entre el núcleo urbano y el resto de la superficie urbana, elevando el costo y tiempo de recorrido, al igual que incrementando la cantidad de kilómetros de vías necesarias, aumento en el costo de operación de los servicios públicos básicos (agua, drenaje, electricidad, transporte) y deficiencia en la provisión de equipamientos para la población (espacio público, salud, educación y deportivo), como resultado de la ocupación dispersa de los habitantes.

Además, la creación de nuevos residenciales desvinculados de los servicios públicos, equipamiento y oportunidades de trabajo, ausencia de regulación diferenciada entre el suelo de vocación urbana y el suelo rural y localización de actividades no compatibles próximas a las zonas residenciales.  

Contexto

La República Dominicana tiene en la actualidad 158 municipios delimitados en el espacio geográfico a través de su ley de creación, dentro del cual el ayuntamiento ejerce sus atribuciones en la demarcación municipal. Los cabildos determinan mediante ordenanza los límites de sus áreas urbanas (Ley 176-07, artículo 23), al igual que la emisión de los permisos de usos del suelo para su demarcación, con el fin de ordenar la ocupación del territorio y reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos.

La condición de estado insular y la posición geográfica de la República Dominicana la sitúa como uno de los países más vulnerables del planeta a los efectos del cambio climático, acentuado por el paso de los fenómenos hidrometeorológicos y las sequías que inciden en todo el territorio nacional.

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