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Santo Domingo, 12 de junio. – La República Dominicana instó este martes a las instituciones nacionales y extranjeras ligadas a la migración a contribuir a la formulación de políticas públicas que mejoren aún más la convivencia, la inclusión y el respeto a los derechos de esa población en el país.
La exhortación fue hecha por el director general de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) Roberto Liz, en la divulgación del Informe “Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de la República Dominicana”.
El documento contiene los resultados de un proyecto elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el apoyo financiero de la Unión Europea y la participación del MEPyD y del Instituto Nacional de las Migraciones. Abarca a diez países, tres latinoamericanos, Argentina, Costa Rica y Dominicana, cinco africanos y uno del sudeste asiático.
En el caso dominicano, Liz recordó la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) a 2030 que dispone ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional, a fin de establecer una clara línea de acción orientada hacia las políticas públicas.
El estudio abarca tres dimensiones fundamentales que son la contribución económica de los inmigrantes, los mercados laborales, el crecimiento económico y las finanzas públicas, de acuerdo con una nota de la Dirección de Comunicaciones del MEPyD.
En la República Dominicana la tasa de participación de la fuerza de trabajo supera a la de los nacionales, también en los niveles de ocupación, aunque se concentra en puestos de baja calificación, actividades informales y áreas en que compite y desplaza a trabajadores locales.
La investigación calcula que en la República Dominicana los inmigrantes contribuyen entre el 3.8% y el 5.3% al valor agregado, y representan un porcentaje de 4.2% de la población.
Liz también destacó en el estudio el que los inmigrantes tienen una mayor cuota de contribución fiscal que los nacionales por pagos de impuestos indirectos y el no consumo de recursos públicos por seguridad social. Además, que coincide con similares
recomendaciones de otros estudios sobre la necesidad de la obtención de mejores datos y pruebas empíricas acerca del fenómeno migratorio.
Llamó la atención de que la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017 publicada recientemente ofrece valiosas informaciones sobre la estructura y composición de la población migrante en el país, pero aún más que permite comparar sus resultados con los anteriores de la realizada en 2012.
Recordó que en el sondeo 2017 en el país había en números redondos 571 mil inmigrantes, de los cuales 498 mil nacieron en el vecino Haití, el 87% del total de inmigrantes.
Entre los comentaristas del estudio estuvieron la directora ejecutiva del instituto, Florinda Rojas; el jefe adjunto de la Unidad para América Latina y el Caribe de la OCDE, Sebastián Nieto, y el especialista en migración laboral de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Francesco Carella.
La jefa de la sección de política, comunicación y prensa de la Delegación de la UE en el país, Dolores Romeo; Francisco Cáceres, director de censo y encuestas de la Oficina Nacional de Estadística; el viceministro de Trabajo, Washington González, y Luis Fernández, viceministro de Naturalización y Migración del Ministerio de Trabajo.
