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El boletín de la estrategia MiFronteraRD explica que, de las 54 empresas acogidas bajo este régimen, 37 cuentan actualmente con un Plan de Compromiso Social (PCS) para ejecutar un total de 61 proyectos en 16 sectores de desarrollo, tales como educación, salud, encadenamiento productivo, reforestación, coordinación y gestión, cultural y recreativo, y gestión de riesgo
Santo Domingo, República Dominicana (Agosto de 2024). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el “Boletín MiFronteraRD” correspondiente al trimestre abril-junio del 2024, el cual analiza los avances en la implementación de la Ley No. 12-21, que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un Régimen de Incentivos, así como su impacto en la vida productiva de estas provincias.
El documento, elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza (DPDZF), explica que la Ley 12-21 establece el marco normativo para el otorgamiento de incentivos y exención de impuestos a empresas que clasifiquen en las ramas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, metalúrgicas, así como todo tipo de empresas constituidas conforme a las leyes dominicanas que se instalen en la frontera.
Asimismo, crea el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, adscrito a la Presidencia de la República, el cual deberá conocer, examinar y aprobar los proyectos que se propongan para ser implementados en este territorio.
El boletín añade que la estrategia MiFronteraRD cuenta con el programa sombrilla Frontera Productiva, dentro del cual se encuentra el “Programa para el fomento de iniciativas para el desarrollo productivo de la zona fronteriza amparadas en la Ley 12-21”, que tiene como objetivo incentivar la inversión y diversificación de los sectores productivos y fortalecer el rol del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
Detalla que 54 empresas se han acogido a la legislación, de las cuales 38 son de reclasificación, es decir, empresas que habían sido previamente acogidas bajo la pasada Ley 28-01 y que fueron reevaluadas. Mientras que las 16 restantes son empresas nuevas aprobadas bajo el régimen vigente.
La publicación sostiene que los proyectos de inversión a ser desarrollados por el sector empresarial representan una oportunidad para la expansión del mercado laboral en esta zona, puesto que contribuyen a mantener la empleomanía en el territorio e impactan directamente en el desarrollo del aparato productivo y la inserción de la producción local en las actividades productivas.
Compromiso social
De las 54 empresas acogidas bajo este régimen, 37 cuentan actualmente con un Plan de Compromiso Social (PCS) para ejecutar un total de 61 proyectos en 16 sectores de desarrollo, tales como encadenamiento productivo, educación, salud, reforestación, coordinación y gestión, cultural y recreativo, y gestión de riesgo.
Señala que la mayor parte de los proyectos de responsabilidad social de estas empresas se ubica en la provincia Montecristi, con un total de 37 proyectos (61 %); seguido por Santiago Rodríguez, con 16 proyectos (26 %); Independencia, con 4 iniciativas (7%); y Dajabón y Elías Piña, con 2 proyectos (3%) en cada provincia.
El documento afirma que, a través de la implementación de los planes de compromiso social, las empresas contribuyen al desarrollo fronterizo, al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, además de que fomentan la productividad y el empleo e inciden en la disminución de las brechas estructurales que obstaculizan el desarrollo de esta zona.
