Estrategia de Desarrollo fija plazos para cumplimiento de sus objetivos

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) fija plazos de entre dos a diez años para el cumplimiento de los objetivos que se propone alcanzar de aquí al 2030 y obligaría a crear o reformar unas 400 leyes para adecuarlas a la implementación de éste plan de nación, informaron funcionarios del gobierno y legisladores.

El proyecto de ley fue abordado el martes por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, y los miembros de la Comisión Bicameral que estudia la pieza en un encuentro de dos horas celebrado en la sede del Congreso.

Montás, quien estuvo acompañado de otros funcionarios del Ministerio y de los integrantes de la Comisión de Seguimiento a la Estrategia, aprovechó la reunión para recordar que el Congreso tiene la responsabilidad de generar el consenso nacional para que la iniciativa comprometa a todos los sectores y posteriormente se convierta en ley.

La Comisión Bicameral encabezada por el senador Félix Bautista (San Juan de la Maguana) y que integran representantes de los diversos partidos políticos con presencia en el Congreso Nacional, recibió garantías del Ministro Montás de que recibirá la asistencia debida para facilitar el conocimiento y aprobación del proyecto.

El Ministro Montás, por primera vez, informó del cronograma de aplicación de las metas identificadas en el proyecto de Estrategia para la próxima década, consignando que en un plazo no mayor de tres años todas las instituciones del Estado deberán cumplir con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas, de acceso a la información y rendición de cuentas.

Además, en los próximos 5 años deberá quedar definida, aprobada e implementada la reforma de los marcos legales e institucionales relativos a la seguridad ciudadana y a la seguridad y defensa nacional, en coherencia con los mandatos establecidos en la Constitución de la República y los objetivos de la propia Estrategia.

Montás citó también que en 5 años el 50 por ciento de las instituciones del Poder Ejecutivo susceptibles de suscribir convenios de desempeño recibirán sus asignaciones presupuestarias con base al logro de resultados, y en un plazo de 10 años las restantes instituciones públicas.

Otra de las metas es que en tres años habrá de estar aprobada y consolidada la normativa democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los sistemas de partidos y electoral y en otros cinco años todos los municipios del país deberá contar con planes de Desarrollo Municipal, así como elaborar y ejecutar presupuestos participativos.

Otra prioridad es que en 7 años, el Gobierno Central deberá transferir a los ayuntamientos los tributos, competencias y responsabilidades municipales que se consideren pertinentes en el marco de la Constitución y las leyes.

En otros dos años, según establece el proyecto de Estrategia, se deberá reorientar y modernizar el marco legal e institucional vigente en materia migratoria.

Los congresistas, tanto de oposición como del gobierno, coincidieron en la necesidad de desplegar esfuerzos para involucrar al liderazgo político nacional en el debate de esta iniciativa, pero también formularon preguntas sobre el financiamiento a la Estrategia, las metas y resultados programados hasta el 2030 y de qué forma ese Plan de Nación se vincula con los programas provinciales y regionales de desarrollo establecidos por ley.

El senador Bautista, en su calidad de presidente de la Comisión Bicameral, recordó que el proyecto establece la aplicación de 441 líneas estratégicas que repercuten en todos los ámbitos del desarrollo nacional, pero su puesta en marcha requerirá de la creación o reformas de más de 400 leyes vigentes.

“Primero aprobemos el instrumento y después seguimos con la adecuación o reformas de las leyes”, aconsejó Montás, tras recordar que un proceso similar se siguió con la nueva Constitución. Es ahora que se están adecuando las leyes a esa nueva Constitución”, precisó el Ministro de Economía.

Montás acudió al Congreso junto a Magdalena Lizardo, Directora de la Unidad de Análisis de Estudios Económicos y Sociales; el economista Luis Reyes, asesor del Ministerio de Economía; Marcos Villaman, Director Ejecutivo del Conare; Antonio Isa Conde y José del Castillo, integrantes de la comisión de seguimiento.

Luego de insistir en que se hace imperativo que el país supere sus actuales falencias y debilidades institucionales, pueda alcanzar la justa distribución de sus riquezas y crear cohesión social, Montás recordó que en ese proyecto de Estrategia se identifican 10 obstáculos que impiden actualmente que la nación supere sus males.

Identificó entre esos obstáculos la baja calidad en la gestión estatal a nivel nacional y local, limitaciones en el sistema de justicia, estado de derecho y seguridad ciudadana, baja calidad de la educación, deficiencia en la provisión de los servicios de salud y crecimiento sin suficiente empleo de calidad.

También, deficiencias del sector eléctrico, dualidades del sector productivo, dificultades para el financiamiento de las MIPYMES, ausencia de ordenamiento territorial y deficiencias en protección ambiental y gestión de riesgos, así como ausencia de política migratoria con visión de desarrollo.