El país será sede de seminario internacional sobre ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial mediante una ley para hacer llegar la inversión pública a todo el territorio será el tema que debatirán la semana próxima en el país expertos nacionales y extranjeros invitados a un seminario internacional por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

El seminario “Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial en República Dominicana” será el jueves y el viernes próximo en el hotel Crown Plaza de la capital, informó el consultor de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, órgano del Ministerio, Erick Dorrejo, entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15.

Dorrejo citó entre las implicaciones importantes de este tema para el país las controversias sobre loma Miranda, Bahía de las Águilas y el uso y gestión de vertederos, debidos a la inexistencia de una ley de uso de suelo.

Dijo que este proceso de ordenamiento territorial comenzó con la Constitución de 2010 y de la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en 2012, la que ordena la creación de un sistema territorial cohesionado por efecto de la aplicación de las políticas públicas.

Recordó que para lograrlo el Ministerio y la Dirección de Ordenamiento Territorial han elaborado un proyecto de ley con la colaboración del Poder Legislativo y en particular de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados.

Entrevista del consultor de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, órgano del Ministerio, Erick Dorrejo por Propuesta de la Noche por Digital 15.

En el seminario participarán además de los ministerios de Medio Ambiente y de la Presidencia, la CEPAL, a través del director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Jorge Mattar, y expertos de Argentina, Perú, Guatemala y eventualmente de Bolivia, quienes expondrán sus experiencias en ordenamiento territorial y regionalización.

Resaltó la importancia también de que el país pueda contar con una legislaciones de regiones únicas de planificación, ya que ahora cada institución estatal tiene una región distinta que impide articular las políticas públicas del gobierno central y los planes de desarrollo de los municipios.

Recordó que la Constitución establece que la región es la unidad política donde las políticas públicas deben ser aplicadas y para ello la Estrategia Nacional de Desarrollo ordena un marco jurídico.

“Para hacerlo el primer paso es cumplir lo que manda la Constitución y la Estrategia, una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, de manera que el plan nacional de ordenamiento territorial marque estas políticas, las que deben cumplirse en el territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país”, comentó.

Observó que en el país se vive a veces en dos mundos paralelos, uno el de los grandes centros metropolitanos como el Distrito Nacional con el Gran Santo Domingo, además de Santiago, ignorándose las grandes necesidades y precariedades que tienen también los pequeños territorios fuera de ese corredor central de la autopista Duarte.

“De ahí que lo que se busca a través de una ley de ordenamiento territorial es distribuir de mejor manera las oportunidades en el territorio y que la inversión pública sea catalizadora de proyectos donde generalmente no están y puedan ser complementados por el sector privado”, explicó.

Señaló que el uso de suelo deberá ser establecido en base a criterios técnicos, políticos, sociales, económicos, orientar la inversión del sector público donde haya mejor vocación del uso de suelo y los planes locales de los ayuntamientos, en coordinación con el gobierno central.

Reconoció al Congreso como un aliado estratégico que permitirá la aprobación de los proyectos de ley tan pronto concluya la fase de consenso por los sectores empresariales y la sociedad civil.

“El Congreso está apropiado de este producto, para que no suceda como en otras naciones como por ejemplo El Salvador, donde la ley de ordenamiento territorial fue planificada por el gobierno central y luego asumida sólo por el Poder Legislativo, por lo que ahora no puede ser aplicada”, previó.