El MEPyD capacitará a cabildos en formulación planes inversión municipal

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) suscribió este lunes un convenio con ocho ayuntamientos a los cuales prestará cooperación, capacitación y asistencia técnica en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Municipal de Inversión Pública que deberán elaborar.

El convenio establece que la puesta en marcha y seguimiento del convenio será responsabilidad de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio, que coordinará el cumplimiento de los propósitos del convenio y del plan de acción, con la participación de un representante de los ayuntamientos firmantes.

Por el MEPyD suscribió el convenio en la sede de la institución el ministro Isidoro Santana, acompañada por el director general de Inversión Pública, Miguel Hernández, y de Frank González, coordinador del Proyecto de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL), que desarrolla el Ministerio de Administración Pública (MAP), acompañado de Josefina Ortiz.

Por los municipios de Santo Domingo Norte suscribió el acuerdo el alcalde René Polanco; por el de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; por el de Guerra, Marcia Rosario Torres; por el de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos; por el municipio de Puerto Plata, Walter Rafael Musa; por el de Samaná, Nelson Antonio Núñez; por el del Seibo, Juan Reinaldo Valera, y por el municipio de La Vega, Kelvin Antonio Cruz.

Santana aclaró que aunque es nuevo en el cargo su experiencia en relación con los gobiernos locales lo llevan a asegurar que este acuerdo contribuirá al desarrollo institucional de los municipios, respecto a los cuales aprecia en los últimos años una tendencia a su fortalecimiento.

Dijo que tanto los gobiernos locales como el central se enfrentan a grandes carencias y que, si bien es cierto que las transferencias presupuestarias a los municipios han estado por debajo de lo previsto por la ley, también lo es que el gobierno, debido a las debilidades de gestión municipal, se ha tenido que asumir funciones propias de los ayuntamientos.

“Aspiramos a superar esta situación de forma tal que cada municipio sea el responsable de la gestión del desarrollo de sus comunidades”, auguró, y agregó que la firma del convenio es un paso en esa dirección que espera fortalecer durante su gestión en el MEPyD.

Mientras que Hernández, director general de Inversión Pública, dijo que se trata de un proceso donde el Ministerio de Administración Pública y el MEPyD han coordinado esfuerzos para permitir que 52 municipios se integren al Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la formulación de proyectos y planes de Inversión Pública, cuya primera fase incluyó a 22 municipios.

Los alcaldes manifestaron su satisfacción con el acuerdo y agradecieron al Ministerio y en particular a la Dirección General de Inversión Pública el dotar a los cabildos de las capacidades para la formulación, ejecución y seguimiento de sus planes municipales.

En el acto estuvieron además el asesor del ministro, Gabriel Guzmán, y por la Dirección de Inversión Pública el asesor Carlos Burgos; Félix Ogando, encargado de formulación de proyectos; y las coordinadoras Lissi Tejeda y Katherine Dickson.

Este convenio tiene lugar en el marco de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030 que persigue entre otros objetivos generales apuesta por una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados y, como objetivo específico, impulsar el desarrollo local, provincial y regional, informó la Unidad de Comunicaciones del Ministerio.

Asimismo reafirma lo dispuesto en la Carta Magna, en el sentido de que “los ayuntamientos, además de ejercer sus propias competencias y funciones, coadyuvarán a la realización de los fines del Estado”, y que por tal razón, “el gobierno deberá suplir a los ayuntamientos la asistencia que precisen cuando un servicio municipal, por razones justificadas o de fuerza mayor, resulte insuficiente.

Por tanto, ambas administraciones, la Central y la local, deben basar sus relaciones reciprocas en “respetar el ejercicio legítimo de las competencias de cada uno; facilitarse las informaciones de su gestión que resulten precisas para lograr la debida coordinación de sus competencias coordinadas o delegadas, y prestarse toda la cooperación y asistencia para garantizar un eficaz cumplimiento de las actividades a desarrollar.