Discurso del Ministro Pável Isa Contreras

En términos hídricos, la República Dominicana es un país privilegiado en el mundo. Tenemos un nivel medio de precipitaciones un 75% más elevado que el promedio del mundo y es más elevado que en todas las regiones del mundo, excepto América del Sur. También tenemos un balance hídrico-meteorológico, es decir, la diferencia entre las precipitaciones y la evapotranspiración, muy favorable. En otras palabras, la naturaleza nos da mucha más agua que a la mayoría del mundo.

A pesar de eso, el país está sufriendo un creciente estrés hídrico. Eso significa que la cantidad de agua que tenemos disponible para proveer a hogares y actividades económicas es insuficiente, lo cual se está convirtiendo en una importante retranca para el desarrollo.

Por una parte, la oferta de agua es insuficiente. Esto se debe a cuatro razones.

La primera es que la infraestructura disponible hace que acumulemos poca agua, menos del 10% de la cantidad potencialmente aprovechable, cuando lo ideal sería un 40%.  La causa es que no hemos invertido lo suficiente en infraestructura hídrica.

La segunda es que la deforestación ha producido erosión y sedimentación excesiva en las presas reduciendo de forma más acelerada de lo previsto la capacidad de los embalses.  Presumiblemente, también ha reducido la disponibilidad de aguas subterráneas.

La tercera es que hemos degradado la calidad de nuestros cuerpos de agua, en el caso de los superficiales, por contaminación por aguas residuales, y en el caso de los subterráneos debido a la sobreexplotación de éstos y la intrusión salina derivada.

Por otra parte, la demanda está creciendo de forma significativa a medida que la economía y la población dominicana crecen, lo que nos ha hecho sobreexplotar las fuentes.

Todo lo anterior se ha combinado para generar escasez hídrica, daños a los ecosistemas hídricos e incremento de las vulnerabilidades ambientales y sociales.

Aunque hay muchas disparidades entre regiones, el estrés hídrico es particularmente severo en las regiones Enriquillo, El Valle y el Cibao Noroeste, en parte debido a la insuficiente infraestructura hídrica. A su vez, las regiones Atlántica y Este no cuentan con infraestructura alguna.

La agricultura es, por mucho, la actividad que más agua demanda en la República Dominicana. Se estima que usa el 43% del total de agua provista. En la medida en que la mayoría de las unidades productivas agrícolas usan sistemas tradicionales de riego, demandan enormes cantidades del recurso y desperdician otras tantas, haciendo que el uso efectivo de agua no sobrepase el 25%. El caso paradigmático es el del arroz que usa el 60% de las aguas para riego. En ese sentido, además de contribuir enormemente al incremento en la productividad agrícola, la tecnificación del riego podría ser una de las fuentes más importantes de ahorro de agua y de alivio del estrés hídrico que padecemos.

En el caso de los servicios de agua potable y saneamiento, se puede decir que, aunque en el país tenemos una alta cobertura nominal, la cobertura efectiva de los sistemas es baja. Se estima el 87% de los hogares recibe agua de las redes públicas de abastecimiento. Sin embargo, como producto de décadas de subinversión y descuido, sólo algo más de la mitad la recibe dentro de la vivienda, un 9% de los hogares recibe el servicio apenas un día a la semana y un 54% la recibe tres días a la semana o menos. Las restricciones más severas en el servicio las sufren los hogares más pobres que viven en asentamientos informales o en zonas rurales.

Además del riesgo a la salud y del esfuerzo de recolectar agua, el cual suele caer principalmente sobre los hombros de las mujeres, las niñas y los niños, una de las consecuencias más severas es el alto gasto de bolsillo en que tienen que incurrir los hogares para suplirse del agua que no obtienen de la red pública. Estos gastos son particularmente más elevados en los hogares pobres. Datos de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del país indican que el 20% de los hogares de menores ingresos gasta tres veces más en agua, como proporción de sus ingresos, que el 20% más rico. Además, se estima que los hogares dominicanos gastan más en provisión de agua de fuentes privadas que en el pago de los servicios públicos.

Otra de las debilidades de nuestros servicios públicos es la baja cobertura de los sistemas de saneamiento. Se estima que sólo el 20% de los hogares con inodoros está conectado al alcantarillado, sólo un 10% de las aguas residuales son recolectadas, menos del 20% recibe algún tipo de tratamiento y sólo el 60% de los hogares del 20% más pobre de la población tiene acceso a servicios de saneamiento.

Por último, debo mencionar las significativas pérdidas en que incurren las prestadoras de servicios. Se estima que entre 45% de las aguas tratadas, para la prestadora más eficiente, hasta el 82% para la más ineficiente se convierten en pérdidas técnicas y comerciales, las cuales deben ser suplidas con subsidios públicos.

Todo lo anterior tiene un correlato institucional que lo explica. En materia de recursos hídricos, tenemos un débil marco regulatorio y no tenemos una institucionalidad clara, con mandatos y límites bien definidos para preservar de forma adecuada los caudales ecológicos, para definir usos prioritarios y para establecer cargos por uso.

En materia de riego, a pesar del avance que ha significado la creación y funcionamiento de las juntas de regantes, las políticas, las regulaciones y las tarifas y recaudos son insuficientes para sostener y expandir los sistemas.

Por su parte, con respecto al agua potable y al saneamiento, también se observa fragmentación institucional y débil rectoría y regulación. Aunque hay notables diferencias en las capacidades de las prestadoras, todas dependen del subsidio público para las operaciones y las inversiones debido a las bajas tarifas de agua y saneamiento, a la reducida facturación y cobros, a la prevalencia de agua no contabilizada y en algunos casos al alto consumo de energía.

Frente a la situación descrita en materia de recursos hídricos, riego y agua potable y saneamiento, estamos obligados a ponernos de acuerdo, a pactar y a actuar en todos los frentes.

Este Pacto Dominicano por el Agua que firmamos hoy debe convertirse en el sustento de la política de Estado que nos encamine hacia la reforma institucional y de la gobernanza, la capitalización y la modernización para la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua

La gobernanza del agua deberá sustentarse en las tres funciones o dimensiones del agua. Se trata de un recurso natural que hay que proteger y conservar, de un derecho humano que hay que garantizar y de un recurso económico que hay que regular. Al mismo tiempo, esa gobernanza deberá garantizar un enfoque integrado de la gestión del agua, que aborde desde la protección de las cuencas altas hasta la disposición de aguas servidas.

Para ello, deberemos dotarnos de una ley general de agua que especifique, primero, el marco y los mandatos institucionales, segundo, los criterios para la explotación de acuíferos, y tercero, los criterios para la asignación por usos.

También debemos dotarnos de una ley de servicios de agua potable y saneamiento que contribuya a una mejoría en la calidad de los servicios y a la sostenibilidad financiera de las prestadoras.

Por último, es necesario contar con nuevas normativas, políticas e instrumentos para la gestión y modernización del riego.

De igual manera, estamos obligados a acelerar la construcción de infraestructuras hídricas con criterios de sostenibilidad social y ambiental, a expandir y mejorar los servicios de agua potable y saneamiento especialmente para beneficio de los hogares menos provistos, y a modernizar los sistemas de riego.

Que este Pacto Dominicano por el Agua sea el punto de partida para la necesaria transformación a largo plazo de la forma en que conservamos, producimos y distribuimos el agua.

Que este pacto sea uno con nuestra naturaleza y con nuestra gente, las de ahora y las que están por venir.

Muchas gracias.