Directora Rosa Cañete afirma política de cuidados busca profesionalizar servicios de atención a niños, envejecientes y personas con discapacidad

La economista e investigadora plantea que la ejecución de esta política podría financiarse mediante la reorientación de fondos, con mayores recaudaciones fiscales, la Ley de Seguridad Social y acuerdos de cofinanciación entre el sector privado, las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y el sector público.

Santo Domingo, República Dominicana. (abril de 2024). La directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Rosa Cañete, resaltó que la Política Nacional de Cuidados que impulsa el gobierno procura profesionalizar y garantizar la calidad en los servicios de atención a infantes, envejecientes y personas con discapacidad que el estudio estima en cerca de alrededor de 1 millón de personas.

“Buscamos profesionalizar esos servicios a través de formaciones y certificaciones que garanticen un servicio de calidad para la población, así como mejores condiciones para las personas que se dedican a cuidar”, indicó la economista e investigadora en una entrevista para el programa radial “Esto no tiene nombre”, que se transmite por La Nota, 95.7 FM.

Al referirse a los resultados del estudio “Invertir en cuidados: empleos que garantizan derechos”, presentado recientemente por el Ministerio de Economía, la directora Cañete explicó que de las 851 mil personas que ejercen actividades de cuidado de forma no remunerada, el 98 % son mujeres, de las cuales el 13 % tiene un nivel universitario y el 52 % tiene un título de secundaria o técnico.

“Esta asignación tan asimétrica del trabajo de cuidados no remunerado afecta al mercado de trabajo y, de manera directa, a todas las brechas que viven las mujeres en el mercado laboral. Por lo tanto, la política de cuidados también tiene la intención de cuidar a quien cuida”, expresó.

Sostuvo que la implementación de la Política Nacional de Cuidados podría generar entre 127,000 y 370,000 puestos de trabajo, si se expandiera la política hacia una cobertura universal. Estimó que más del 50% de estos empleos serían generados por el sector privado.

La economista destacó los esfuerzos que actualmente realiza el Gobierno para ejecutar esta política, como el aumento, entre 2019 y 2023 de un 61 % de la cobertura pública en CAIPIS y aulas de inicial del MINERD para niños menores de cinco años, lo que beneficia a 97 niños y niñas. Señaló que esto se ha realizado solo con la reorientación de fondos en el sector educación.

Planteó que otra fuente de financiación podrías venir del aumento de las recaudaciones fiscales podría contribuir a financiar la expansión de los servicios de cuidados. Añadió que para este fin también podrían ampliar los acuerdos de cofinanciación y cogestión entre el sector privado, las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y el sector público.

“Hay diferentes vías de financiación y debemos aplicar todas. También debemos estar conscientes de que el Estado debe participar de esta tarea tan importante como es cuidar a quien lo necesita y promover servicios profesionalizados. Invertir en cuidados es una de las mejores decisiones de inversión social y también económica”, puntualizó la economista.

Principales hallazgos

El estudio “Invertir en cuidados: empleos que garantizan derechos” plantea que la puesta en marcha de la Política Nacional de Cuidados contribuiría a disminuir la pobreza monetaria general entre 6 y 1.9 puntos porcentuales, con mayor impacto en la población femenina, a partir de distintos escenarios de cobertura analizados.

El estudio presenta diferentes posibles escenarios de expansión de los servicios públicos, desde conseguir una política universal hasta otros escenarios de menor alcance, como el que prioriza los hogares en pobreza monetaria general. De acuerdo con las estimaciones, para cerrar las brechas actuales de cobertura en 10 años el Estado tendría que invertir en el año 1 entre 0.66 % y 0.31 % del producto interno bruto (PIB), según el escenario de cobertura, y en el año 10 y subsiguientes entre el 3 % y 0.9 % del PIB anual.