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La República Dominicana comenzó los talleres de expertos brasileños y nacionales previos a la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarme a la población civil, cuyo objetivo es la creación de una cultura ausente de violencia y de resolución pacífica de conflictos.
El proyecto, al costo de US$58,576 (RD$2.5 millones), es financiado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) con carácter no reembolsable y gestionado por el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), informó su Unidad de Comunicaciones.
El acto en que se anunció el inicio de los talleres tuvo lugar en la sede del Ministerio encabezado por el viceministro de Cooperación Internacional, Inocencio García; acompañado del procurador general de la Corte y asistente del Procurador General, José Alberto Jiménez, y del capitán Félix Alberto Gómez Almonte, de la Dirección General de Inteligencia Delictiva, en representante de la Policía Nacional, acompañado del coronel Elvis Reyes Paulino, encargado del Departamento de Información y Estadística.
Autoridades dominicanas y expertos brasileños reunidos en la sede del Ministerio de Economía, en esta capital.
La “Transferencia de la metodología para la disminución del número de armas de fuego y municiones de la población civil”, denominación del Plan, tiene por objetivo fundamental el fortalecer la política contra la delincuencia que ejecuta el gobierno. Un programa de igual orientación permitió a Brasil retirar medio millón de armas de las calles en cuatro años.
Con esta iniciativa las autoridades dominicanas esperan concienciar a la población civil de la importancia de deshacerse de la tentación que implica la posesión de armas de fuego que causan accidentes casi siempre mortales, y en su lugar promover una cultura de ausencia de violencia y de resolución pacífica de conflictos y destruir las armas y municiones entregadas de manera espontánea y las sometidas a procesos penales tras la determinación de sentencias.
El Plan Nacional será ejecutado por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional y está enmarcado en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en “Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana”.
También responde a la necesidad de hacer más eficiente el sistema de registro, control y otorgamiento de permisos de porte y tenencia de armas de fuego a los ciudadanos, una de las metas de Gobierno del presidente Danilo Medina en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
En el acto estuvieron por Brasil el primer secretario de la Embajada, Hélio Caldas; la encargada de cooperación técnica, Hilda Rivas; Fernanda de Matos de Souza, secretaria nacional de seguridad pública del Ministerio de Justicia de Brasil, y la directora del Departamento de programas, políticas y proyectos, Cristina Gross Villanova.
Los comisionados nacionales que conocieron la experiencia brasileña en visita a esa nación Brasil coincidieron también en que los programas de desarme de la población civil son complejos y que por tal razón se hace necesario contar con políticas efectivas de seguridad fronteriza y el persuadir a la población civil de entregar de manera voluntaria armas de fuego en su poder.
