Japón dona a discapacitados 130 sillas eléctricas y manuales
11 marzo, 2016MEPyD e INTEC lanzan este miércoles el Observatorio Nacional de Logística y Transporte
13 marzo, 2016SANTO DOMINGO.- Expertos del Banco Mundial intercambiaron este viernes impresiones y experiencias con representantes gubernamentales y del empresariado nacional en torno a la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes (Ley de Quiebra), con el objetivo de elaborar un proyecto de Reglamento para su aplicación.
Durante su participación en el conversatorio auspiciado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en su sede de esta capital, los especialistas del Banco Mundial Adolfo Rouillon y Andrés Martínez, señalaron que República Dominicana está frente a un gran desafío, que implica no solo cambiar o asumir una ley, sino un sistema, saltando de los paradigmas del siglo XIX, en el cual el derecho concursal era enfocado en el comercial individual a uno del siglo XXI, donde lo que más preocupa es la actividad empresarial.
“Hay que mantener una actitud positiva en todo momento, no buscar los obstáculos, ni mirar atrás, sino ver hacia adelante y tratar de crear un reglamento que le dé sentido útil a la ley en su aplicación,”, expresó Adolfo Rouillon, en la actividad, celebrada en el salón de conferencias del MEPyD, encabezada por el viceministro de Gestión de Competitividad, Juan Reyes y que contó con la participación de otros funcionarios y técnicos de esa dependencia.
Al referirse a la Ley 141-15, el viceministro Reyes destacó que el objetivo de la misma es salvar empresas de la quiebra mediante procesos y plazos para la reestructuración, preservando empleos dignos, garantizando la continuidad del pago de impuestos al estado, intereses al sector financiero. “En fin ….lograr propiciar un clima de negocios, empresarial y financiero robusto, saludable y competitivo globalmente”, puntualizó.
Una nota de prensa de la Unidad de Comunicación del MEPyD refiere que en el encuentro con dirigentes de asociaciones empresariales, abogados, representantes de otros grupos de sociedad civil y personas interesadas en el tema, se abordaron algunos de los puntos neurálgicos de la ley que deben ser aclarados o ampliados en el reglamento,
Asimismo, durante la sesión de análisis y discusión se plantearon dudas e inquietudes sobre diferentes tópicos de la legislación, fundamentalmente en lo concerniente a los temas de liquidación, verificador, acuerdos previos, pago de impuestos y deudas contraídas por las empresas antes de acogerse a la Ley de Quiebra.
Previo a la discusión sobre la elaboración del reglamento, Omar Victoria, miembro del Petite Comité hizo una breve presentación de las novedades y espíritu de la Ley No. 141-15, con la finalidad de contextualizar algunos puntos importantes de la misma.
El país cuenta con la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas
La República Dominicana cuenta ya con la “Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes”, que otorga garantías jurídicas esenciales para que en los casos de dificultad financiera esos entes productivos tengan la oportunidad de rescate, pagar sus impuestos, liquidar al personal, cumplir con los acreedores y finalmente los accionistas.
La ley, que da plena garantía de que cualquier empresa en dificultad pueda salvarse y sus empleados y acreedores resarcidos, implica todo un proceso de reestructuración que inicialmente busca que una empresa en dificultad sea salvada siguiendo un proceso de reducción de gastos y mejora de los ingresos.
En esencia, la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes –aprobada ya por el Senado y la Cámara de Diputados- trata de salvar a las empresas que están pasando por un proceso de dificultad, preservar los empleos y que éstas sigan pagando impuestos al gobierno y sigan honrando sus deudas con los acreedores.
El proceso para lograr consenso sobre el proyecto de ley entre el sector público y el privado duró diez años. Finalmente todos los sectores favorecieron la aprobación de la ley porque durante el último año se trabajó intensamente en lograr un texto compartido.
El MEPyD, con el apoyo del Banco Mundial, trabaja ahora en un proceso de consulta a diferentes sectores locales para la estructuración el reglamento de aplicación de la Ley.