Discurso del ministro Pável Isa en el Congreso Internacional de Sociedad Civil

«En República Dominicana, la década de los 90 marcó el inicio de una reflexión interesante sobre las “organizaciones de la sociedad civil”, su constitución como “sujeto sociopolítico”, su rol en relación con el Estado y las condiciones para su desarrollo y fortalecimiento».

Excelentísimo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader;

Distinguida Carmen Amaro, oficial de operaciones del Banco Mundial;

Distinguidos representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID);

Distinguida Vielka Polanco, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro;

Organizaciones miembros del centro;

Representantes de la sociedad civil, colegas y amigos;

Me complace darles la bienvenida a este Congreso Internacional de Sociedad Civil: el Poder de Transformar Sociedades y Fortalecer Democracias, organizado por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Quiero darles una bienvenida especial a nuestros invitados de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos, Inglaterra y España.

Este evento reúne a representantes de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y gobierno de la República Dominicana, para promover la participación social activa, la gobernanza y la sostenibilidad del sector, en respuesta a los retos que enfrentan y las problemáticas globales.

En América Latina, las organizaciones de la sociedad civil emergieron a partir de la posguerra, con fines principalmente asistencialistas. No poco tiempo después, ampliaron su enfoque y su trabajo hacia la promoción del desarrollo. En los noventa, sin embargo, empezaron a jugar roles activos en la movilización social y la incidencia, contribuyendo a la promoción de políticas públicas concretas, así como a transformaciones institucionales consideradas deseables.

En República Dominicana, la década de los 90 marcó el inicio de una reflexión interesante sobre las “organizaciones de la sociedad civil”, su constitución como “sujeto sociopolítico”, su rol en relación con el Estado y las condiciones para su desarrollo y fortalecimiento. Esto ocurrió simultáneamente con el proceso de reforma y modernización del Estado que tuvo como punto de partida la crisis política de 1996. Surgen en este contexto histórico las primeras ideas y propuestas sobre la necesidad de un marco legal moderno que reconociera la pluralidad de los actores del sector. El debate generó entre otros resultados la Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las ASFL, en reemplazo del viejo marco legal de inicios del S. XX, así como una mayor consciencia nacional sobre el rol de la sociedad civil.

Con la Ley 122-05 se clasificaron las asociaciones de acuerdo con el fin que persiguen, se establecieron lineamientos de políticas y mecanismos específicos para su fomento, así como para la coordinación interinstitucional para la gobernanza del sector. También, se incluyeron controles para fortalecer la transparencia, estableciendo la obligación de rendiciones de cuentas periódicas a las asociaciones que gestionen fondos públicos.

Además, se dispuso la creación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), con su secretaría técnica en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el mandato de fortalecer la promoción de la participación de las ASFL en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales que impulsen el desarrollo del país y fomenten la relación entre el Estado y la sociedad civil.

El CASFL es en sí mismo, una expresión de democracia. Es un órgano gubernamental participativo, conformado por cinco instituciones públicas y cinco representantes de asociaciones sin fines de lucro (ASFL), elegidos por sus pares en un proceso de votación reglamentado y transparente.  El pasado mes de junio iniciaron su gestión de dos años las siguientes organizaciones:  Techo República Dominicana, Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Nature Power, Fundación Sinfonía y Participación Ciudadana.

El próximo año, se cumplen dos décadas de la aprobación de la Ley 122-05, y desde el centro, estamos desarrollando acciones estratégicas para potenciar las capacidades de las ASFL, al tiempo que aumentamos y eficientizamos el acceso a fondos públicos para ampliar el alcance de las políticas hacia las poblaciones más vulnerables, con base en principios de eficiencia, equidad y territorialidad.

Permítanme citar tres ejemplos concretos que han resultado de este esfuerzo:

• Primero, entre 2021 y 2024 logramos incrementar en un 100% la asignación de fondos destinados a la niñez, para financiar actividades de hogares de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
• Segundo, establecimos reservas de fondos en los términos de referencia para apoyar actividades de asociaciones sin fines de lucro en los territorios con más alto índice de pobreza, mayor concurrencia de factores de vulnerabilidad y menor inversión pública.
• Tercero, en 2024, la inversión en programas y proyectos de ASFL fue un 33% más elevada que en 2020.

Hemos promovido un cambio de enfoque de las asociaciones en cuanto a la definición de los perfiles de proyectos, para que sean auténticos instrumentos de desarrollo, así como en la provisión sostenible de servicios accesibles y de calidad para la población que más lo necesita.

Esto ha sido posible gracias a la actualización del Sistema Integrado de Gestión de las ASFL (SIGASFL), desarrollado con el apoyo del Banco Mundial. Esta plataforma ha sido progresivamente más accesible, pero sobre todo se ha convertido en una herramienta para el análisis de la inversión y toma de decisiones. Hemos simplificado el proceso de rendición de cuentas gracias a la interoperabilidad de los sistemas de la Cámara de Cuentas, el CASFL y las instituciones sectoriales. Hemos contribuido a la formalización del sector, lo cual facilita que las asociaciones puedan acceder a incentivos financieros y fiscales; pero sobre todo ha fortalecido sus capacidades para movilizar fondos, y gestionarlos con mayor transparencia y efectividad.

Asimismo, lanzamos la Certificación de Calidad y Gobernanza, que recientemente fue reconocida en el Premio Nacional a la Innovación Pública por su contribución a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Esta avala que las organizaciones cumplen con las obligaciones legales, administrativas y fiscales contenidas en la ley, al tiempo que implementan buenas prácticas de gobernanza, transparencia y enfoque de sus programas y proyectos.  Pero lo importante aquí es que al final el servicio que llega a las comunidades responda a los mayores estándares de calidad; que, sin importar la condición de la población beneficiaria de los programas de las ASFL, ni que tan remoto estén, la gente tenga garantizado el derecho de recibir un servicio de calidad. La certificación contribuye a esto.

En cumplimiento con la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ha iniciado un proceso para fortalecer y eficientizar la inversión pública en alianza con las asociaciones sin fines de lucro, a través de la modificación de los actuales subsidios a convenios de gestión para el período 2025-2027.  ¿Qué significa esto? ¿Cómo incide esta política en las organizaciones? Se trata de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. De una relación de beneficiarios de subsidios, las ASFL pasan a ser socios estratégicos del Estado para impulsar el desarrollo de sus comunidades. Son alianzas a mediano y largo plazo, a través de las cuales unimos fuerzas, nos complementamos, y sobre todo potenciamos nuestras fortalezas; aprovechando el conocimiento y cercanía con el territorio, la flexibilidad y especialización de las organizaciones, así como el enfoque integral, recursos y estructuras del gobierno.  En el año 2025, el 10% de las organizaciones pasarán a esta modalidad y paulatinamente iremos ampliando el alcance hasta llegar al 50% de las ASFL que manejan fondos públicos en el 2028.

Estos avances nos enorgullecen, hablan de acciones concretas y de compromiso del Gobierno dominicano con el fomento de las organizaciones de la sociedad civil y evidencian los esfuerzos que hemos desplegado para avanzar en garantizar el derecho a la democracia y nuestra obligación de promoverla, conforme al marco legal nacional y acuerdos internacionales suscritos.

No quiero finalizar estas palabras sin manifestarles nuestra preocupación por la tendencia a limitar el funcionamiento de las ASFL en algunos países de nuestra región en los últimos años en los que la sociedad civil organizada se enfrenta al Estado en una lucha constante por su supervivencia, afrontando marcos legales restrictivos, persecuciones y barreras para el acceso a recursos y lo que reduce sus capacidades de atención y protección a grupos vulnerables.  Estas restricciones y desafíos nos invitan a buscar soluciones colectivas, partiendo de datos y experiencias compartidas en espacios como éste.

Espero que este encuentro sea fructífero y contribuya a generar respuestas ante las problemáticas y desafíos del sector.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Banco Mundial y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por apoyar esta iniciativa. Y también, por supuesto, al equipo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y muy especialmente al equipo del CASFL por todo su esfuerzo para hacer posible este congreso.

¡Muchas gracias!