La República Dominicana ha registrado importantes progresos en materia migratoria durante los últimos años, con avances en una nueva gobernanza migratoria, soportada en varios pilares, que incluye lineamientos de política migratoria establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030 y un marco normativo reciente que responde a los cambios en la migración. No obstante, uno de los retos pendientes es la necesidad de fortalecer la gestión migratoria, con controles efectivos en la frontera.

El gobierno dominicano, con el apoyo de organismos internacionales, ha venido enviando señales de avance en la implementación de un mecanismo de desplazamiento en el área fronteriza, habilitado como Carné del Habitante Fronterizo (OIM & INM, 2017), cuya implementación establece (i) el plazo de un día como permanencia continua máxima (ii) la circulación limitada a las cinco provincias fronterizas y (iii) la no realización de actividades laborales.

A finales de 2017, el Instituto Nacional de Migración anunció que buscaría implementar el carné del habitante fronterizo (EFE, 2017), y más recientemente, el embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa, señaló que este organismo y la Organización de las Naciones Unidas están preparando una propuesta para que los residentes en la zona fronteriza sean provistos de este carné, para el desplazamiento a ambos lados de la frontera por razones comerciales o de trabajo (Ramírez, 2018).